Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Dimos un paso trascendente

Por primera vez, después de 29 años de vigencia del Decreto-Ley de Videla y Martínez de Hoz, pudimos tratar en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación una nueva norma jurídica para los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Tanto el Radicalismo como el Justicialismo contenían en sus plataformas electorales nacionales de 1983 la promesa de impulsar una nueva Ley de Radiodifusión. Todos los Presidentes de la democracia enviaron proyectos al Congreso para reemplazarla. Pero estas propuestas nunca tuvieron el volumen político necesario para que definitivamente se traten en el recinto. Tener una nueva Ley de Servicios Audiovisuales es una deuda de la Democracia y por eso, en la madrugada de este jueves, avanzamos en el sentido correcto.

El texto aprobado recoge lo mejor de los más de 70 proyectos que surgieron durante más de 25 años y se inspira profundamente en los 21 puntos impulsados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. La clara decisión política de nuestra Presidenta de la Nación ayudó a que transitemos un camino intenso de consenso con distintos bloques políticos parlamentarios. La exclusión de la participación de las telefónicas como potenciales prestadores de servicio de cable fue una sabia decisión para despejar cualquier tipo de dudas sobre el verdadero objetivo de esta ley: queremos que se escuchen todas las voces para que la comunicación sea más democrática.

La participación activa de diputados y diputadas de distintas extracciones políticas permitió mejorar el perfil de la Autoridad de Aplicación de esta nueva ley, con dos miembros elegidos por el Ejecutivo, tres por el Congreso (conteniendo a las tres principales bancadas parlamentarias) y dos por el Consejo Federal (uno, por el ámbito académico). Esta conformación es un avance sustancial para darle previsibilidad y transparencia a las decisiones que se tomen.

Se abre una nueva etapa y aprobamos un muy buen proyecto gracias a todos los diputados que decidieron salir de la crítica superficial y la sospecha permanente para ponerse a trabajar activamente en pos de un objetivo común: darle a la Argentina un marco de regulación de los Sistemas Audiovisuales democrático, moderno y participativo.